LA MINERIA EN COLOMBIA PATRON DE ATRAZO

Por una y otra vez, sigo reflexionando que hubiese sido mejor  para un país como el nuestro no tener montañas sorprendentemente ricas en yacimientos de diferentes minerales. y más bien vivir de la promisoria agricultura desbordante, que genera productos de extrema necesidad humana sin  la virulenta contaminación que generan los minerales,  sin contar los eventos de violencia y el atraso en las regiones, donde se extrae el mineral, a eso súmele el mordaz desastre sempiterno que marca a las zonas de explotación. La minería colombiana,  actualmente esta identificada con conflictos sociales, ambientales,  étnicos y culturales, bien sea por el uso de vías o por la degradación de los recursos hídricos, pero especialmente la salud.

 La pelea por la tierra con características agrícolas y ganaderas, el deterioro del orden público, la minería informal, ilegal y criminal, actividades de grupos al margen de la ley, desplazamiento  masivo de comunidades, la irremisible enfermedad holandesa, lavado de dólares, abusos tributarios, corrupción, enfrentamiento entre Comunidades por proyectos mineros y conflictos interinstitucionales toda una anomia calamitosa.  Es entonces cuando surgen  interrogantes tales como por qué razón nuestro patrimonio natural no ha contribuido a mejorar las condiciones de vida de los colombianos; y cada día se convierte en un país con una inequidad social endémica, elevando así; los niveles de informalidad y violencia.

                                         

Si nos detenemos a observar con lupa describimos un Estado débil, con una institucionalidad que languidece, pareciera estar ausente, con una legislación parcializada y sesgada  a favor de la gran minería, especialmente de estas empresas trasnacionales, subvirtiendo el futuro de los colombianos. Con un gobierno sin la capacidad de legalizar más de 5.000 explotaciones por fuera de la ley  que existen en el país. esto sin tener en cuenta su paupérrima capacidad de control y fiscalización, dentro de una actividad que sigue creciendo geométricamente, animada por una gran demanda de minerales y los elevados precios del mercado internacional.

 Hoy en día tenemos un estado irredento y ruinosamente conformista, con una  exigua renta que genera este sector, con inocuos impuestos y regalías, actuando en el escenario como simple espectador sin intervenir más lejos de lo que los gremios lo permiten y que además estos presionan por unas normas beneficiosas para estas trasnacionales que operan la famosa locomotora minera, con preocupantes implicaciones sociales, ambientales y económicas.

Ante este panorama aterrador, vemos que el país carece de institucionalidad sin tener unos parámetros que le apunte a generar desarrollo y bienestar.

La política minera se ve circunscrita dentro de la ley colombiana, lo que habría que analizar es que tan concordante es con la constitución del país puesto que, la misma constitucion establece que los recursos naturales no renovables, son propiedad del Estado y que el estado como tal debe planificar la explotación de estos recursos con un aprovechamiento de forma racional en el marco de un desarrollo sostenible y las regalías deben estar orientadas al mejoramiento de la calidad de vida.

Pero entonces, si los recursos del subsuelo son del estado porque no existe una rigurosa y procedimental  planeación, en la forma como se entregan estos recursos al sector privado, bien sea a través de contratos de concesión para la explotación y extracción. Los mismos medios de comunicación advirtieron que los recursos naturales no renovables habían sido entregados de forma descarada a especuladores, a las compañías mineras, a narcotraficantes y especialmente a políticos como una forma de pagar los favores electorales.

El estado como siempre inerme  y supino no interviene en la forma como las compañías privadas planifican todas sus operaciones, dándole un statu quo mezquino.

 Con un acto tan irresponsable que raya con la estupidez, como es la de fomentar simplemente la inversión extranjera, teniendo en cuenta como lo anotaba en su momento el senador Jorge Robledo que por deducción del impuesto a la renta y la disminución de las regalías  no quedan más que miserables migajas de la torta minera. Con espasmo miramos solaz mente  que el gobierno en su infinito error descollante, es feliz  e impertérrito,  observando cómo se agota de forma acelerada nuestras reservas mineras sin una renta justa,  que compense ese patrimonio natural en donde no existe proyección a largo plazo, sin detenerse  a pensar  en las generaciones de hoy en día y en las venideras, para que se afiance  un desarrollo sostenible. No en vano Colombia sigue ocupando el deshonroso segundo lugar como el país más inequitativo de américa latina, generando unos cordones de miseria y pobreza vergonzosos ante el resto del planeta.  Según análisis investigativo y profundo hecho por expertos concluye, que los habitantes de los municipios mineros desmejoraron ostensiblemente sus niveles de vida comparados con los municipios no mineros.

Si el estado lo que pretende es  mejorar la infraestructura económica y social del país; y propender que la economía pase de productora de bienes primarios a la producción industrial, debe empezar por reconocer su cuota de responsabilidad en este descalabro financiero y social.

Por el momento, mientras siga  el despilfarro y la corrupción rampante, con el visto bueno de un  gobierno campante  con las regalías, Colombia seguirá inmersa en una profunda frustración sin esperanza de mejorar su calidad de vida su proyección y la de todos sus habitantes….

JOSUE  T. MARTINEZ  A.

 CATEDRATICO Y ECOLOGISTA 

PAZ DE RIO- BOYACA